31/10/2012

Los profesionales piden el ajuste por inflación

En un artículo del día de la fecha, el portal Iprofesional publica la opinión del Presidente de FACPCE y del CPCE de Córdoba.

Extraído del portal web www.IProfesional.com:
 

No solo los empleados reclaman por Ganancias: ahora profesionales piden el ajuste por inflación

Recientemente, el titular de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, Ramón Nicastro, admitió que existe la necesidad de utilizar el mecanismo para evitar el pago del tributo sobre utilidades ficticias. Qué inconvenientes se generan a nivel contable. La importancia de la causa Candy.
 
Por Gonzalo Chicote iProfesional.com

No es una novedad que el Impuesto a las Ganancias está en la mira de todos.

En parte, esto es así porque el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, hace meses reclama por el ajuste del piso a partir del cual los empleados empiezan a tributar el gravamen que afecta en la actualidad a casi 2 millones de dependientes.

Es por eso que a él se le sumaron otras agrupaciones sindicales que decidieron alejarse de la CGT pero -incluso alineadas con el Gobierno- continúan levantando la bandera del aumento del denominado mínimo no imponible.

En este escenario, se suma un nuevo actor que si bien hace rato reclama en "silencio" decidió manifestar públicamente su descontento: la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce).

Pero, a diferencia de los gremialistas, la entidad presidida por Ramón Nicastro apunta sus críticas a la imposibilidad de que las compañías puedan utilizar el ajuste por inflación al momento de confeccionar sus estados contables.

Ocurre que la falta de indexación de los balances por algún índice que refleje el aumento generalizado de precios provoca que muchas empresas terminen abonando Ganancias sobre utilidades "ficticias".

En un encuentro realizado en Chaco, donde se celebró el 40° aniversarios de la Facpce, Nicastro comentó que "la imposibilidad de hacer los ajustes, una definición de la Nación con el mero objeto de recaudar más, podría provocar distorsiones de los balances de las empresas".

A su vez remarcó "la necesidad de contar con índices de inflación confiables" porque llegado el momento de que se permitan hacer ajustes por inflación "se deberán usar los indicadores oficiales elaborados por el INDEC".

Del mismo modo se manifestó el titular del Consejo Profesional de Córdoba, José Arnoletto, quien afirmó en 19° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas (realizado en esa Provincia) que "ya no hay forma de esconder el ‘elefante' de la inflación".

Por esta razón, sostuvo que "lo que hay que hacer es sincerar y lograr el acuerdo político para poder reconocerlo" en los estados contables ajustados.

Estas manifestaciones se unen a los pedidos realizados por diversos sectores empresarios que también reclaman hace años por la eliminación de los artículos de la Ley de Convertibilidad que aún imposibilitan el uso de este mecanismo.

Pagar por utilidades ficticias
Los especialistas consultados por iProfesional.com destacaron que la prohibición de utilizar el ajuste por inflación en los estados contables genera un gran inconveniente en materia impositiva.

Así lo manifestó Agustina O'Donnell, socia del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, quién aseguró que "la no aplicación del mecanismo en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, cuando éste es procedente, implica lisa y llanamente obligar a las empresas a pagar sobre ganancias ficticias".

Es decir, que las rentas obtenidas no son producto o fruto de su actividad sino consecuencia directa del aumento generalizado de precios, "el que debe ser medido según los índices oficiales aún cuando los elaborados por el sector al que pertenece la empresa arrojen resultados más precisos", aclaró O'Donnell.

La especialista explicó que "el ajuste por inflación era un rubro más de la declaración jurada hasta que en 1992 se suspendió su aplicación en virtud del régimen de Convertibilidad, creado en 1991".

"Una vez derogado, diez años después, empezó a producir las distorsiones en la medición de los resultados de las empresas convirtiendo así a la inflación en un impuesto encubierto sin ley que lo haya creado y, como tal, es inconstitucional", remarcó.

Del mismo modo se manifestó Enrique Scalone, titular del estudio que lleva su nombre, quién explicó que se puede pagar Ganancias por rentas ficticias generadas por la falta de ajuste de diversas variables que determinan la base imponible, tales como las amortizaciones impositivas y los resultados de la venta de bienes, entre otros.

A mero título ejemplificativo, el experto supuso el caso de un contribuyente que adquirió un inmueble en 2001 a u$s100.000 (que en tal fecha representaban $100.000). Si dicho bien fuera vendido en la actualidad al mismo valor de u$s100.000, no existiría ganancia económica alguna.

"Sin embargo, para la liquidación del Impuesto a las Ganancias, el precio de venta a computar sería de aproximadamente $475.000 (al tipo de cambio oficial) con lo cual se estaría determinando una renta gravable de $375.000 que a la tasa del 35% arrojará un impuesto a pagar de $131.250, pese a la inexistencia de utilidad económica", especificó.

Y agregó: "Ello, en determinadas situaciones, puede representar un incremento artificial de la tasa nominal del gravamen (del 35%) a una efectiva a niveles insospechados, a la vez que puede producir casos de confiscatoriedad del tributo con directa afectación del derecho constitucional de propiedad, tal como lo ha reconocido la justicia en la causa Candy".

"La ausencia de un ajuste impositivo por inflación en épocas de alto nivel de incrementos de precios representa, sin dudas, una significativa afectación de la economía de los tributos, desnaturalizándolos y afectando su equidad", concluyó Scalone.

La Justicia: el único mecanismo que existe

Los especialistas consultados por este medio explicaron que la única manera que existe en la actualidad para poder utilizar el mecanismo es mediante una autorización de la Justicia.

En este sentido, O'Donnell sostuvo que "hasta que esta situación sea corregida por una ley del Congreso de la Nación, desde el año 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa 'Candy' habilitó a las empresas a solicitarlo a la Justicia siempre que se pueda acreditar la confiscatoriedad del pago sin ajuste por inflación".

La especialista explicó que esta situación se produce "cuando éste insume una sustancial porción de las rentas obtenidas, aspecto que, claro está, debe ser objeto de demostración y prueba".

En la causa mencionada, se consideró que tal situación se configuraba ante una alícuota que representaba el 62% del resultado impositivo ajustado o el 55% de las utilidades también ajustadas lo cual se consideró que excedía los límites razonables de la imposición.

"No existen impedimentos a que este criterio, adoptado en relación a la inflación que tuvo lugar en el año 2002, sea aplicado en años posteriores en la medida que, pruebas mediante, se pueda demostrar la concurrencia de las pautas de la Corte Suprema sobre confiscatoriedad en el Impuesto a las Ganancias", concluyó la experta.

Qué sucede a nivel contable
Desde el punto de vista contable también se producen inconvenientes al no poder ajustar las cuentas contables, si bien el método existe hace muchos años en nuestro país.

Al respecto, Martín Barbafina, socio de Capital Markets de PwC Argentina, explicó que la Resolución Técnica N° 6 de la Facpce establece el mecanismo a aplicar en la preparación de estados contables cuando existe un contexto inflacionario.

Sin embargo, sostuvo que esta norma no fija qué debe considerarse por "contexto inflacionario", aunque aclaró que "a nivel mundial se reconoce que existe tal situación cuando el aumento generalizado de precios es superior al 100% en tres años".

Tal como explicó el especialista, lo relevante de aplicar o no el método es que "la información financiera que se genera, luego de practicado un ajuste por inflación, puede modificarse sustancialmente".

Y, considerando que estos informes sirven para tomar decisiones, un cambio de tal magnitud puede hacer que se modifique la opinión de quien debe decidir.

En términos técnicos, Barbafina indicó que "se trata de un mecanismo de reexpresión de los estados contables que propone un ajuste de los rubros no monetarios para determinar la pérdida de valor que sufren los rubros monetarios. Entendiendo dicha desvalorización no en términos nominales sino en base al poder adquisitivo de la moneda".

A modo de ejemplo, propuso imaginar una compañía que posee en Caja $1000 y como Capital también $1000 al fin de su ejercicio 2009.

"Si hubo una inflación del 20% en 2010, al momento de realizar el balance de ese año, las cuentas quedarían así: Caja $1000, Capital $1200 (ya que es un rubro no monetario y debe reexpresarse) y deberá reconocer una pérdida de $200", puntualizó.

De esta manera, el mecanismo "da como resultado unos estados contables más cercanos a la realidad", concluyó.